El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Se trata de un acuerdo histórico que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que nadie se quede atrás en la crisis del COVID-19.
Este nuevo Acuerdo Social, que será ratificado en el Consejo de Ministros, prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor.
Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.
El Acuerdo incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
Al acto de la firma, han asistido, por parte del Gobierno, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Por parte de los agentes sociales lo han hecho los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.
Nueva categoría de ERTE y exoneración de cuotas:
El Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores.
Además, en el Acuerdo se introduce una nueva categoría de ERTE para las empresas que puedan reiniciar su actividad, denominado "de fuerza mayor parcial", que durará hasta el próximo 30 de junio. Durante este periodo, las empresas pueden combinar trabajadores en actividad y suspendidos y por todos ellos habrá exoneraciones en las cuotas que se pagan a la Seguridad Social.
Para incentivar la reincorporación a los puestos de trabajo del mayor número de trabajadores en ERTE, las exenciones serán mayores para los empleados que regresen a la actividad que para quienes continúen suspendidos. En concreto, las empresas de menos de 50 empleados tendrán una exención de cotizaciones del 85% en las cotizaciones devengadas en el mes de mayo y del 70% en las devengadas en junio para los trabajadores que retomen la actividad. Para los que continúen suspendidos, también habrá exoneración, pero será menor: del 60% para las cotizaciones devengadas en mayo y del 45% para las de junio.
En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, la exención para los empleados que se reincorporen será del 60% y del 45% para las cotizaciones devengadas en mayo y junio, respectivamente. Para los trabajadores que no se reincorporen, la rebaja será del 45% en mayo y del 30% en junio.
Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de los trabajadores afectados y el periodo de suspensión o reducción de la jornada.
Reparto de dividendos y transparencia fiscal:
El Acuerdo Social también introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.
Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social.
Comisión tripartita:
El Acuerdo Social contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.
Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio.
Está destinado a convertirse en un Decreto Ley.
Se trata de un acuerdo un tanto especial, puesto que está destinado a convertirse en un Decreto Ley que previsiblemente aprobará el gobierno en su reunión del Consejo de Ministros de hoy, martes 12 de febrero, y por tanto expresa gráficamente la realidad de un norma directamente pactada con los interlocutores sociales que desvincula la medida fundamental de mantenimiento del empleo en la crisis económica derivada del Covid-19, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, de la situación del estado de Alarma, y da una proyección posterior al mismo como instrumento de regulación y amortiguación social ante las evoluciones negativas para sectores y empresas que lleven consigo la reanudación de la actividad económica después de que finalice el período de excepción, permitiendo a su vez una transición de los ERTE por Fuerza mayor a los de causas objetivas. Ya habrá tiempo para que los analistas desbrocen en detalle esta regulación cuando se convierta en Decreto Ley y se publique en el BOE, pero lo que se quiere resaltar en esta entrada es la relevancia del propio Acuerdo en la determinación de las reglas que han de regir las relaciones laborales en el período post-pandemia o si se prefiere, en la reconstrucción social que debe presidir esta etapa.
Un elemento central para verificar la continuidad de estas iniciativas habrá de ser, de manera muy significativa, la concreción de ese “pacto contra la temporalidad” del que habló en el Congreso la ministra de Trabajo.
En el ASDE se inserta un elemento importante que compromete a los sindicatos más representativos y a las asociaciones empresariales, y es la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, que estará integrada por las personas al efecto designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Tiene como función principal “el seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando durante la fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio de los datos e información recabada por las organizaciones integrantes y el Ministerio de Trabajo y Economía Social al respecto, así como la propuesta y debate de aquellas medidas que se propongan por este o por cualquiera de las organizaciones que la integran”. Es decir, que se pretende con el Acuerdo insertar en la acción pública de desarrollo de la crisis un elemento de cogobierno con los interlocutores sociales, reforzado por la obligación de consulta previa en el caso concreto de prolongación de los ERTE por fuerza mayor más allá de la fecha señalada para estos de 30 de junio de 2020.
Una gobernanza de la salida a la crisis fundada sobre el diálogo social y la cooperación entre el poder público Trabajo y Seguridad Social, el sindicalismo confederal y las asociaciones empresariales más representativas, que marca posiblemente la vía para ir diseñando un proceso de reconstrucción económica y social después del período de excepción que estamos viviendo. Es decir, que la participación directa de los interlocutores sociales en ese proceso de interlocución con el poder público es hoy más seguro que el por el momento improbable encuentro con los llamados partidos de oposición, representados por el PP y Vox junto con Ciudadanos y otros grupos como Coalición Canaria. Los agentes socioeconómicos han conquistado con este Acuerdo un estatus sociopolítico que no puede frustrarse o supeditarse a una supuesta prioridad del acuerdo entre partidos.
Si se quiere seguir utilizando la evocación de los Pactos de la Moncloa como referente del objetivo pretendido de reconstrucción económica, social y política del país, que desplazó al espacio de la negociación entre partidos las líneas maestras tanto del esquema institucional democrático posterior como del marco legislativo en materia económica y social, situando a sindicatos y asociaciones empresariales en una posición subordinada y seguidista del proyecto global resultante, en esta ocasión los términos tienen que alterarse sustancialmente. Son las figuras colectivas que representan los intereses económico-sociales de trabajadores y empresarios quienes han demostrado la capacidad de comprometerse en la administración de la crisis y en la defensa de una recuperación económica que intente, con la ayuda pública, el mantenimiento del empleo, pese a su fragmentación y debilidad estructural ocasionada por un modelo de desarrollo productivo que tiene que ser modificado.
Se prevé que una vez finalice el Estado de Alarma, la economía será lo más inmediato que se tendrá que atender, todas las empresas se verán gravemente afectadas y deberán iniciar ajustes inmediatos en sus estructuras de costes, para recuperar progresivamente la situación anterior a la crisis provocada por el coronavirus.
La vuelta a la normalidad se llevará a cabo de forma progresiva y por sectores, esto tendrá un fuerte impacto en la economía y las finanzas de las empresas y autónomos.
De todos dependerá que esa recuperación tenga una mayor o menor eficacia, los profesionales que nos dedicamos a la implantación de Programas de Compliance en las empresas, le damos mucho valor a la ética en los negocios, empezando por la Alta Dirección, siguiendo por orden descendente en la Estructura Orgánica, el resultado que hemos visto es esas empresas son ejemplares en toda la gestión de su negocio.
Este mismo comportamiento Ético debe darse ahora en todos nosotros, políticos, administraciones públicas, todo tipo de organizaciones empresariales y sociales, empresas, empleados y la sociedad en general, haciendo cumplir y cumpliendo las normas, para una segura e inmediata recuperación social y económica.
Por último, queremos lanzar un mensaje optimista, ya que estamos seguros de que nuestra sociedad y nuestras empresas superarán estas circunstancias tan difíciles que están suponiendo un desafío excepcional.
Principios esenciales de Ética en las organizaciones.