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Las comunicaciones de los notarios han permitido prevenir el blanqueo de capitales.

El 80 % de las comunicaciones de los notarios sobre operaciones sospechosas han permitido prevenir o descubrir blanqueo de capitales.


EL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES COMUNICÓ MÁS DE 7.000 OPERACIONES ENTRE ENERO 2006 Y MARZO DE 2021.


El OCP se creó en 2005 para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.


El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de los notarios comunicó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) 7.313 operaciones sospechosas entre el 1 de 2006 y el 31 de marzo de 2021.


El 80% de estas comunicaciones han ayudado a prevenir o descubrir blanqueo de capitales, en cuyo origen existen delitos de tráfico de drogas, financiación del terrorismo, contra las personas, estafas, fraude fiscal y contra la Administración, delincuencia organizada y corrupción.


Así lo ha explicado Pedro Galindo, director del OCP, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos».


También ha señalado que «el mismo SEPBLAC considera que los notarios son una pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».


Las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo han sido la compraventa de inmuebles, la compraventa de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos que sirvan como testaferros, la constitución de sociedades, y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes, entre otros, según informa el Consejo General del Notariado (CGN) en un comunicado.


«Hoy en día no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que, de una u otra forma, no colabore el Órgano Centralizado de Prevención de los notarios», ha explica Pedro Galindo (director del OCP).


El OCP se creó mediante una Orden de Economía y Hacienda de septiembre de 2005 y comenzó su actividad el 1 de enero de 2006, para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.


Está integrado por expertos en esta materia y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas que le comunican los propios notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Informatizado Notarial.


«La colaboración del OCP ha sido tan estrecha en este período que se han contestado 237.390 requerimientos de información de las autoridades competentes, policiales o judiciales, de modo telemático y en plazos mínimos de tiempo», ha destacado Galindo.


Esa colaboración no solo se ha fraguado con el SEPBLAC, sino también con otras autoridades competentes en esta materia, a través de convenios de colaboración como los alcanzados con Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de Delitos Financieros, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos o la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


También con instituciones internacionales como INTERPOL, EUROPOL o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.



Ya podemos conocer el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


El Índice Único Informatizado Notarial es una base de datos (la segunda del país) donde se almacenan desde el 1 de enero de 2004 los datos estructurados de más de 135 millones de documentos, referidos a más 41 millones de personas físicas y a más de 3,5 millones de personas jurídicas (desde una sociedad a una fundación, pasando por un partido político, sindicato, etc.).


Que los notarios hayan desarrollado esa gran base de datos ha permitido confeccionar otras dos herramientas esenciales: la Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas Políticamente Expuestas.


En la primera, que se creó en 2012, consta la titularidad real, es decir, la identificación de las personas que toman verdaderamente las decisiones en una empresa, fundación o asociación, sea del tipo que sea.


Esa información no se basa en meras manifestaciones recogidas en documentos privados, sino que procede de documentos públicos. En esta base hay datos acreditados de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.


En la segunda base, creada en 2018, constan identificadas 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación y 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil).


«Toda esta información, que se utiliza diariamente por jueces, fiscales y policía, no sería posible sin la estrecha colaboración de los notarios, lo que acredita su carácter de elemento central en la lucha contra estos delitos», ha explicado Galindo.


De ahí que «el sistema preventivo notarial sea valorado de manera muy positiva por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que esté siendo utilizado como modelo por otros países de la Unión Europea y de fuera de ésta”, ha concluido.

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